Santo Domingo.- A finales de marzo pasado, la policía dominicana mató en circunstancias nada claras a una pareja de pastores evangélicos que regresaban a Santo Domingo después de un culto.
Según versiones publicadas en medios locales, los agentes «confundieron» el vehículo en el que viajaban los jóvenes Joel Díaz y Elizabeth Muñoz -quienes se habían casado en febrero- y les dispararon.
La balacera provocó un amplio rechazo en la sociedad dominicana, al punto que el propio presidente Luis Abinader condenó los hechos -que calificó de homicidio- y anunció la creación de una comisión especial para reformar la Policía Nacional.
De acuerdo con Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH), se trata de un paso sin precedentes que refleja que la muerte de los jóvenes fue «la gota que desbordó el vaso».
Para Mercedes, quien forma parte de la comisión que estudiará la reforma, la violencia policial es «un problema viejo».
«Pero la ejecución de estos pastores ha hecho que muchas personas toquen fondo ante la crisis», agrega.
«Desafortunadamente, vivimos en un país donde al interior de la policía se ha creado una cultura de matar y asesinar que es incompatible con el estado democrático y social de derecho», agrega en conversación telefónica.
Un problema a gran escala
En criterio de Mercedes, la muerte de los pastores evangélicos «no se trató de un hecho aislado» y es evidencia de «un problema grave, mayor».
Y es que en las últimas décadas, la policía de República Dominicana ha sido señalada frecuentemente por medios locales y organismos de derechos humanos de estar detrás de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia injustificada y maltratos.
Informes de la CNDH indican que en los últimos 11 años al menos 4.000 personas han muerto a manos de agentes del orden.
La CNDH ha recogido reportes también de numeras desapariciones forzadas, actos que podrían considerarse tortura, extorsiones y abusos «significativos y contrarios al derecho a la vida» cometidos por de agentes del orden.
Varios reportes de Amnistía Internacional desde el país caribeño también dan cuenta de lo que consideran como «casos de homicidio, tortura y malos tratos a manos de la policía», cuyos agentes «podrían estar recurriendo al homicidio de jóvenes como elemento disuasorio».
Un informe de 2019 indica que la violencia se ha extendido incluso hasta trabajadoras sexuales y miembros del colectivo LGBT que han sido «víctimas habituales», según Amnistía, de violación sexual y otras formas de tortura por parte de la policía.
La muerte de la pareja tuvo lugar el mismo día en que el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Dominicana, en los que señala también a las fuerzas de seguridad de estar detrás de «asesinatos y torturas».
