Desde del pasado año llueven las denuncias por parte los exempleados del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), que han sido desvinculados de sus cargos en esta nueva administración, ante la negativa de otorgarles oportunamente los pagos por derechos adquiridos.
A esta situación ahora se suma un nuevo ingrediente, que tiene que ver básicamente con el impago del bono por la evaluación del desempeño individual, a los que ya no forman parte de la nómina de la institución, pero que durante varios trimestres del pasado año 2021 aun prestaban sus servicios dentro de la misma.
El motivo, según ha informado la dirección de Recursos Humanos de la entidad aseguradora a algunos de los reclamantes, es que no pueden hacer el pago hasta que el Ministerio de Administración Pública (MAP), así lo autorice.
Sin embargo, lo que ha generado el descontento de quienes exigen su derecho, es que hay algunos de los desvinculados que el pasado viernes 20 de mayo recibieron la transferencia en sus cuentas por ese concepto, por lo que se preguntan por qué a unos si y a otros no y afirman que lo mismo pasó en diciembre pasado cuando dejaron fuera a un grupo que debía recibir la proporción del bono de navidad, vulnerando el derecho de igualdad.
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Estrategia para desvincular sin otorgar prestaciones
Otros desvinculados denuncian que una estrategia que están utilizando las actuales autoridades del IDOPPRIL es cambiar el perfil del trabajador, haciéndoles creer que los están promoviendo a un mejor puesto de trabajo, cuando, por el contrario, lo que están haciendo es ubicándolos en una categoría en la cual cuando son cancelados no tendrían derecho a sus prestaciones.
Consideran esta práctica como poco ética, porque vulnera los derechos adquiridos del trabajador, pero aseguran que les deja las puertas abiertas para suplir las demandas de empleos prometidos por el gobierno actual en campaña, sin tener el problema de unas prestaciones no presupuestadas.
Violación a derechos de los servidores públicos de carrera
Aunque la Ley de Función Pública 41-08 es clara cuando establece que el servidor público de carrera administrativa está protegido y no puede ser desvinculado, a menos que no cometa faltas graves en el ejercicio de su labor o que su puesto de trabajo sea suprimido y no exista vacante donde pueda ser removido, según denuncias de varios afectados, en el IDOPPRIL, esta es una práctica muy común, en franca violación a las disposiciones legales y a las normativas del Ministerio de Administración Pública (MAP).
Haciendo aclaraciones sobre el tema, el 7 de Julio del 2020, el MAP en la circular No. 4295 remitida a todas las dependencias del Poder Ejecutivo presentó un resumen del régimen laboral de derechos de los servidores públicos, de acuerdo con las disposiciones de la referida ley y el Reglamento Núm. 523-09 de Relaciones Laborales que se aplican desde hace más de 11 años, en los casos de desvinculación del servicio, expresando lo siguiente:
En tanto que los funcionarios públicos de carrera tendrán derecho a la titularidad del cargo y a permanecer en el puesto en el que han sido nombrados, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley y sus reglamentos de aplicación, y tal como lo establece el párrafo del artículo 23 de la Ley 41-08, “sólo perderán dicha condición los casos que expresamente determina la Ley, previo cumplimiento del proceso administrativo correspondiente y formalizado mediante acto administrativo. El cese al derecho contrario se saldará con la reposición del servidor público de carrera en el cargo que venía desempeñando y el abono de los salarios dejados de percibir”.
Los denunciantes aseguran que, pese a estas disposiciones, las desvinculaciones injustificadas de servidores de carrera en el IDOPPRIL continúan de manera incesante y sin ningún organismo superior que los controle.
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Represiones a empleados
Los denunciantes informaron que muchos de los empleados actuales les han comentado que tienen prohibido darles información sobre los procesos que se desarrollan y que los involucra, por lo que la respuesta a la demanda de información es casi nula.
Lamentan que una institución que gozaba de un gran prestigio y reconocimiento de la población y del empresariado, se haya convertido en el imperio de unos cuantos para responder a los intereses del partido gobernante.
