Santo Domingo.- Lo que para muchos representaba la solución a un una problemática, ante la ocurrencia de un accidente laboral o una enfermedad profesional en la República Dominicana, poco a poco se está convirtiendo en el clan de un grupo político partidario que astuta y caprichosamente ejercen el poder que hoy ostentan para desarticular lo que por muchos años un capacitado grupo de profesionales construyeron en una gestión responsable y orientada a las mejores causas en favor de las mujeres y hombres que con su trabajo impulsan la economía del país.
Es así como de un momento a otro, IDOPPRIL, en otrora considerada como una institución Élite entre todas las instituciones estatales, se está convirtiendo en algo parecido a lo que fue el abolido IDSS.
Con un director que no dirige, porque esa función la ejerce un agrónomo y que como otros funcionarios del gobierno del cambio, desconoce las peculiaridades del cargo que ocupa, junto a sus “hombres de confianza”, se está poniendo en riesgo el patrimonio aportado por los empleadores para la prevención y protección de los riesgos laborales, incurriendo en notables irregularidades, como la inclusión en la nómina general de personas que no desempeñan el cargo, o por llamarlo de otra manera las mencionadas “botellas”, el uso de prestanombres, para disfrazar pagos de nóminas, la utilización de recursos de caja chica y caja general, para compras personales, como por ejemplo los almuerzos diarios del director y sus allegados, los jugosos contratos de publicidad, concentrados en unos cuantos medios y las cuestionadas compras menores, que aprovechando los baches de una ley de compras infuncional, permiten las urgencias, aunque lo que se necesite no sea nada urgente.
La instalación de centros de atención sin ningún estudio de factibilidad previo en clínicas propiedad de funcionarios y políticos del partido de gobierno y en detrimento de las demás clínicas, es otro ejercicio que deja mucho que desear.
Todo esto ocurre, ante la mirada esquiva de un Consejo Directivo, conformado por representantes de varios sectores, y que regularmente algunos de ellos reciben prebendas por parte de la institución, como el nombramiento de familiares, la concesión de contratos publicitarios y patrocinios a nombre de las entidades que representan y el pago de su participación en actividades y eventos que no guardan ninguna relación con su función en ese organismo.
Otros que se hacen de la vista gorda por prebendas como la asignación de combustible, son los miembros de la Contraloría General de la República, que internamente tendrían que velar porque los procesos se realicen con la mayor transparencia.
